Como todas las semanas, me
dispongo a recargar de tinta mi pluma estilográfica, para cumplir mi cita con
los lectores del Semanal, utilizando como base del tintero un periódico, en
evitación del vuelco del frasco y consiguiente estropicio en la mesa. Mientras
el émbolo de la pluma va succionado lentamente su alimento, observo de reojo la
tinta de la prensa hecha noticia. Al acabar el llenado de mi instrumento de
escritura, desdoblo el periódico y me centro en la información que ofrece el
mismo. Me llaman la atención dos noticias, que por su calado e importancia, me
hacen aparcar y olvidar momentáneamente el tema del que pensaba escribir, que
no era otro que (dado que estamos en Noviembre) el recuerdo a los muertos, y algunas
curiosidades del cementerio de San Juan. Quiero hablar un poco de las dos
noticias que trae el diario. La primera hace referencia, como los lectores ya
conocen, a la sentencia dictada por el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo, por la que ordena la excarcelación de la etarra Inés del Río,
condenada a 3.000 años de cárcel, por el asesinato de veinticuatro personas,
doce de ellas guardias civiles. Sin meternos en farragosos laberintos judiciales
de difícil comprensión, esta sentencia viene a echar por tierra el sistema
establecido por el Tribunal Supremo y el Constitucional sobre la redención de
penas por aplicación de los beneficios penitenciarios a los penados por delitos
de terrorismo. Según interpretación del Tribunal internacional, la etarra
condenada debería haber salido de prisión en 2008, y según el TS de España en
2017. Total, que ha “salido de rositas” de la cárcel y encima se le indemnizará
con 30.000 euros por los daños morales causados por la prolongación de su permanencia
entre rejas. La salida de la cárcel de esta asesina, que no se ha arrepentido
de su pasado sangriento, ha producido una seria alarma en la sociedad española,
por la burla a las víctimas del terrorismo. Relacionada con éste hecho, es la
inexplicable, e inoportuna afirmación
del Fiscal del País Vasco, al declarar que se resistía a llamar terrorista a
Inés del Río porque ya había cumplido su pena. Ante tal despropósito, el Fiscal
General ha tenido que salir al paso y taparle la boca.
¿Qué explicación tiene todo éste
desmadre? La explicación no solo hay que buscarla en la labor de los politizados
tribunales de justicia, sino en otros factores más profundos. Hay que
atribuirlo a la debilidad política, social, económica e histórica del Estado,
como consecuencia de gobiernos débiles que no han tenido capacidad ni
aspiraciones para estar a la altura de los grandes países de Europa. Las
naciones influyentes y bien dirigidas saben sacar provecho de su relación con
las altas instituciones y con los gobiernos fuertes. Como muestra, quiero traer
aquí unas manifestaciones del escritor y académico Arturo Pérez Reverte, en un
artículo del XLSemanal LAS PROVINCIAS del
21 de agosto de 2011. Refiriéndose al entonces presidente del Gobierno,
Zapatero, dice, entre otras cosas: “El problema es que buena parte del trabajo
a realizar… está en manos de una pandilla de irresponsables de ambos sexos:
demagogos, cantamañanas y frívolas tontas del culo que, como usted mismo, no
leyeron un libro jamás….Y ahora, cuando se va usted a hacer puñetas, deja un
Estado desmantelado, indigente…Ha sido un gobernante, incompetente, traidor y
embustero hasta el último minuto…Ha sido el payaso de Europa…” En fin, con
estos gobernantes, no se puede brillar ni codear con el nivel de otras naciones
más avanzadas. La otra noticia, es la referente a que los notarios podrán
celebrar matrimonios, si se aprueba en el Congreso el proyecto de ley. Esto
sorprende en principio, pero no tanto. El notario, como funcionario público
esta autorizado por la ley para dar fe pública de los contratos, testamentos y
otros actos extrajudiciales celebrados a su presencia. Todos, cuando queremos
que un acto o contrato quede “bendecido” y bien atado, vamos al notario, puesto
que lo firmado por el mismo “va a misa”. Así pues, no es desacertado pensar que
un acto de tanta trascendencia como el matrimonio civil, pueda autorizarlo un
notario. El matrimonio civil, como tal es un contrato bilateral entre dos
personas, encaminado a establecer una comunidad de vida. Como tal contrato, el
notario es el funcionario idóneo para realizarlo. Otra cosa es la disolución
del mismo. Aquí entra en juego el juez, la persona encargada de resolver el
litigio surgido entre las partes del contrato, los cónyuges.
Noviembre 2013
